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La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana nos ha notificado recientemente una resolución sancionadora de especial relevancia en materia de protección ambiental. Mediante dicha resolución se impone una sanción de 100.000 euros, con carácter solidario, a una persona física y a una mercantil, por la comisión de una infracción grave en materia de residuos, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La Administración considera plenamente acreditada la persistencia en la conducta infractora, así como la elevada cantidad de residuos vertidos, circunstancias que han sido determinantes para la calificación de la infracción y la cuantía de la sanción impuesta. Junto a la sanción económica, la resolución establece la obligación de restauración ambiental, que comprende no solo la retirada íntegra de los residuos depositados de forma irregular, sino también la restitución de los terrenos a su topografía original y la acreditación documental de la correcta gestión de los residuos a través de un gestor autorizado, garantizando así la reparación efectiva del daño causado al medio ambiente.
La actuación administrativa que culmina en esta resolución trae causa de la interposición de denuncia en representación de nuestro cliente, así como del desarrollo de un trabajo jurídico continuado que ha incluido la realización de actuaciones ante distintas Administraciones Públicas, la presentación de escritos y alegaciones, la aportación de pruebas y el seguimiento exhaustivo del expediente sancionador hasta su resolución definitiva.
Este pronunciamiento constituye un ejemplo significativo del papel del Derecho Administrativo sancionador como instrumento eficaz para la protección del medio ambiente, y pone de relieve la importancia de la iniciativa jurídica, la constancia y la perseverancia en la defensa de los intereses legítimos de los ciudadanos. Asimismo, refuerza la idea de que la denuncia responsable y la adecuada articulación jurídica de los hechos pueden dar lugar a respuestas administrativas contundentes frente a conductas que vulneran la normativa ambiental y comprometen el interés general.
¿Eres conocedor de una posible infracción medioambiental —vertidos irregulares, gestión indebida de residuos, afecciones a suelos o al dominio público hidráulico— en tu municipio o entorno? ¿o de ruidos molestos u olores?
Contacta con nuestro despacho: analizaremos tu caso y te explicaremos, sin compromiso, cómo podemos actuar.