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Cada vez son más los consumidores que descubren, al solicitar un préstamo, una tarjeta, un seguro o incluso una línea de telefonía, que figuran en un fichero de solvencia patrimonial (ASNEF, Experian, BADEXCUG...) sin haber recibido nunca aviso alguno. Las respuestas del tipo «no supera usted nuestros criterios de riesgo» suelen ser la única pista. Es un problema mucho más frecuente de lo que parece, y en muchos casos la inclusión no cumple los requisitos que exige la ley.
Los supuestos más habituales son los siguientes: deudas que el consumidor discute (facturas erróneas, servicios no contratados, cargos duplicados), deudas ya pagadas o prescritas, inclusiones sin requerimiento previo de pago, requerimientos enviados a un domicilio incorrecto, datos que se mantienen en el fichero más tiempo del permitido o deudas de cuantía mal calculada. Todas ellas pueden convertir la inclusión en ilícita.
La inclusión solo es lícita si concurren dos requisitos acumulativos. El primero es que la deuda sea cierta, vencida y exigible, y que su existencia o cuantía no haya sido objeto de reclamación por el deudor, conforme al artículo 20.1.b) de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). El segundo es que haya existido un requerimiento previo de pago, exigido por el artículo 38.1.c) del Real Decreto 1720/2007, que el Tribunal Supremo ha confirmado que sigue vigente tras la LOPDGDD. Su finalidad es evitar que figuren en estos registros quienes han incurrido en un impago meramente accidental o derivado de un error. Además, los datos solo pueden mantenerse mientras persista el incumplimiento, con un máximo de cinco años desde el vencimiento de la deuda. Si falta cualquiera de los requisitos, la inclusión es ilícita y supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor.
Conviene saber también que la carga de la prueba corresponde al acreedor: es la empresa quien debe acreditar la deuda y el requerimiento, no el consumidor quien debe demostrar que no debe. La jurisprudencia no exige una fehaciencia absoluta de la recepción del requerimiento, y basta una constancia razonable, incluso mediante sistemas de envío masivo. Pero sí debe poder probarse que se remitió al domicilio correcto del deudor. Una deuda que no puede trazarse, con facturas confusas o conceptos sin justificar, difícilmente puede considerarse «cierta».
Como afectado, dispones de los derechos de acceso, rectificación y supresión del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), desarrollados en la LOPDGDD. Puedes dirigirte tanto a la empresa acreedora como al titular del fichero para saber qué datos constan, quién los comunicó, por qué importe y quién los ha consultado, y para exigir su rectificación o cancelación. El plazo de respuesta es de un mes, prorrogable en casos complejos. Si no contestan o la respuesta no es satisfactoria, puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Pero la vía administrativa no es la única. Puedes demandar por vulneración del derecho al honor (art. 18.1 de la Constitución y LO 1/1982), mediante juicio ordinario con intervención del Ministerio Fiscal, solicitando que se declare la intromisión ilegítima, que se cancelen los datos y que se te abone una indemnización. Según la doctrina del Tribunal Supremo, la mera inclusión indebida en estos registros ya supone un perjuicio indemnizable bajo presunción y no caben indemnizaciones meramente simbólicas. Para fijar su cuantía se valoran, conforme al artículo 9.3 de la LO 1/1982, la duración de la inclusión, la difusión de los datos (número de consultas de bancos, financieras o aseguradoras) y las circunstancias del caso. Si prospera la demanda, lo habitual es que las costas recaigan sobre quien incluyó los datos.
La realidad es que los ficheros de morosidad se utilizan a veces como mecanismo de presión para cobrar, y muchos afectados desconocen su inclusión durante años, con las consecuencias que ello tiene para su acceso al crédito. Solicitar tus datos es gratuito y puede cambiar el resultado.
Si te han denegado una financiación o sospechas que figuras en un fichero de morosos sin que exista una deuda cierta o sin haber sido requerido de pago, consulta con nosotros. Podemos exigir tu cancelación y reclamar la indemnización que te corresponde.